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lunes, 18 de agosto de 2014

Pagar el IVA una vez cobrada la factura: la medida estrella acaba en gran fiasco


De los 2,3 millones de pyme y autónomos que podrían haberse acogido a la medida estrella de la Ley de Emprendedores menos del 1% se ha beneficiado 

Hacienda calculó que dejaría de ingresar 983 millones de euros por la entrada en vigor de esta medida pero a mitad de año sólo había perdido 32 millones 

 Esta menor merma de ingresos para las arcas públicas respecto a lo previsto resolverá más de una décima parte del ajuste del déficit para este año 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EUROPA PRESS

No es la primera vez que ocurre. Una medida largamente esperada, cuya importancia se subraya durante años como crítica por unos y otros, acaba finalmente, tras mucho esfuerzo y no pocas tribulaciones, materializada de forma triunfal dentro de un proyecto legal. La decepción viene después, cuando resulta que su aplicación práctica está lejos de responder a las elevadas expectativas y termina revelándose como insustancial. 

Algo así es lo que ha ocurrido con el célebre IVA de caja, aquel régimen fiscal especial que el Gobierno aprobó contra viento y marea a finales de 2013 para ‘salvar’ a pymes y autónomos de la ingrata obligación de tener que adelantar a Hacienda el IVA de facturas cuyo importe aún no habían cobrado y proporcionarles, de paso, un alivio fiscal a su apurada situación financiera. 

Las estimaciones realizadas por organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos avalaban en un principio el compromiso gubernamental. Según sus cálculos, sólo en el segmento de autónomos, sin contar las pyme, el impacto de asumir el coste del IVA aún no habiendo cobrado la factura generaba un coste estimado de 1.900 millones de euros. 

Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda estimó en su momento, cuando la medida figuraba como mascarón de proa de su proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores, en 2,3 millones el universo potencial de beneficiarios del llamado IVA de caja y en 983 millones de euros el coste para las arcas públicas –ahorro para las empresas- que tendría la activación de la medida en el ejercicio de 2014. 

Su aplicación práctica ha resultado ser mucho menos relevante. Según el Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al mes de junio, que recoge cifras correspondientes al primer pago trimestral del IVA, el coste para las arcas públicas de la medida una vez consumido el ecuador del ejercicio asciende a 32 millones de euros. 

El Ministerio de Hacienda reconoce que el número de contribuyentes que se han acogido a este régimen especial de caja ni siquiera llega a 22.000, lo que supone menos de un 1% del universo potencial de beneficiarios definido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Un resultado muy pobre para una iniciativa que estaba llamada a ser una de las principales palancas normativas para resolver los problemas financieras de autónomos y pequeñas y medianas empresas. 

Bueno para el déficit 

Un fiasco de la política económica que, sin embargo, tiene un reverso favorable desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas. A la espera de las cifras que arroje el próximo pago trimestral de IVA, que se conocerán a finales de este mes, si el comportamiento de esta variable evoluciona de forma estable –como cabría esperar dado que el 31 de marzo se cerró el plazo para acogerse a este sistema-, el coste de esta medida para el Gobierno apenas superaría los 100 millones de euros, lo que ‘liberaría’ cerca de 900 millones de euros que Hacienda daba por ‘perdidos’ en sus estimaciones iniciales y en sus cálculos presupuestarios. 

Estamos hablando de cerca de una décima porcentual de déficit público, que se ajustaría de forma natural por la reducción de costes asociados a este incentivo fiscal o, de otro modo, de que más de una décima parte del ajuste necesario para llegar desde el 6,62% al 5,8% que corresponde hacer este año se habría cubierto ya gracias al fracaso del Régimen de Caja en el IVA. 

Unos ingresos extra que no le vendrán nada mal a unas arcas públicas que no terminan de estar bien alimentadas. El diario Cinco Días revelaba hace poco más de una semana que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo entre 2012 y 2013 para lograr reducir el déficit público recaudaron 9.000 millones de euros menos de lo inicialmente estimado, lo que habla bien a las claras del grave problema de ingresos con el que tiene que lidiar la Hacienda Pública. 

Razones para un fracaso 

¿Por qué no ha funcionado el Régimen de Caja en el IVA? No faltan explicaciones para el fiasco. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las organizaciones que más activas se mostraron en la demanda de este régimen fiscal desde el año 2010, ha atribuido la escasez de adhesiones al sistema a las amenazas de las grandes empresas de no contratar con los proveedores que operaran bajo este régimen. 

El motivo es que, en efecto, el régimen de caja permite a las empresas que han prestado el servicio no ingresar en Hacienda el IVA de las operaciones que no hayan cobrado de manera efectiva, pero por la misma razón priva a las empresas que lo han recibido de la posibilidad de deducirse el impuesto, una operación bastante común en la gestión financiera de las empresas de mayor tamaño y que les reporta importantes beneficios. 

Al escaso interés de las grandes empresas por contratar proveedores en ese régimen hay que añadir las complejidades de gestión que la asunción del régimen especial implicaba. Había que actualizar los programas informáticos de llevanza de la contabilidad, llevar una suerte de doble registro tributario en los libros porque Hacienda pedía registrar por separado las facturas cobradas en tiempo y forma y las pendientes de tramitación fiscal por una demora en el pago. Además, en estas últimas había que consignar, por un parte, la fecha de emisión de la factura y, por otra, la de cobro, especificando además que la operación estaba sujeta al régimen de caja, un buen lío de papeleo, en suma. 

Nada, por otra parte, que no hubieran advertido expertos, fiscalistas o asesores fiscales desde el momento mismo en que el Gobierno manifestó su intención de poner en marcha el régimen, del mismo que había sucedido con resultados dispares en otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Francia.


Publicado en: El Diario

Más de 100.000 jóvenes se han hecho autónomos con la tarifa plana de 50 euros


Esta medida ha permitido que 107.869 menores de 30 años se hayan convertido en emprendedores, según informa el Ministerio de Empleo con motivo del Día Internacional de la Juventud. 

En un comunicado, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que la lucha por el empleo juvenil es una prioridad del Gobierno y ha aprovechado para sacar pecho con los últimos logros del Ejecutivo en este marco, pese a ser el segundo país con más jóvenes sin trabajo de la Unión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo recuerda que hay 161.000 parados de entre 16 y 29 años menos que al inicio de la legislatura. 

La tarifa plana de 50 euros es medida clave de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven presentada por el Gobierno en el primer trimestre del pasado año. Establece una cuota mínima de 50 euros durante seis meses para las nuevas altas de jóvenes autónomos a la Seguridad Social. Durante los seis meses siguientes, se aplicará una reducción sobre la base mínima de un 50% y después se mantiene una reducción y una bonificación de un 30% durante 18 meses. En el mes de octubre esta medida se amplió a todos los segmentos de edad. Aunque el Ministerio dice no tener una cifra actualizada del total de trabajadores acogidos a esa bonificación, a primeros de junio tenía cuantificados a casi 225.000. 

La ministra recuerda además, que las medidas de la Estrategia, están beneficiando a más de 166.000 jóvenes menores de 30 años, he incide en que el Gobierno lideró en la Unión Europea la aprobación de la recomendación Garantía Juvenil con una dotación de 6.000 millones para dar oportunidades a los jóvenes europeos menores de 25 años, de los que España recibirá 1.887 millones.


Autora: Diana Gutierrez Pino

Ignorancia tributaria e impuestos incomprensibles



Más allá de cualquier reforma es importante la necesidad de comprender los impuestos 
y saber cómo afectan a nuestra economía 

La reforma fiscal tiene por objetivo el crecimiento económico y la creación de empleo, 
pero deja de lado la desigualdad 


En no pocas ocasiones los discursos de campaña electoral se llenan de propuestas que alardean de bajar la presión fiscal, ¿cómo identifica entonces la ciudadanía si se trata de consignas políticas vacías que nos intentan convencer de la necesidad de bajar o subir impuestos? La complejidad de los mismos nada tiene que ver con la simplicidad de la retórica que "vende" mejoras para muchos a cambio de mayorías que ayudan a algunos pocos a alcanzar el poder. 

Durante la campaña de la renta de este año trabajé elaborando las declaraciones en un pequeño municipio y pude comprobar de primera mano la tensión que generaba este trámite y el desconocimiento en materia tributaria de muchas de las personas que se acercaban a mi mesa. La incomprensión de por qué el resultado es "a pagar" o "a devolver" es generalizada hasta en las personas con formación. Mi empeño por hacer entender la magia de los números que aparecían en la pantalla del ordenador finalmente hacía que alguna que otra persona llegara a entender lo que firmaba en su declaración. 

Tras esta experiencia observando de cerca lo que para muchas personas es el momento estresante de cumplir sus obligaciones con Hacienda, creo que muy poca gente entiende de qué va este tinglado y tengo la sensación de que entre las asignaturas pendientes para septiembre nos queda la "Educación Tributaria". Y es que pensar que Hacienda somos todos y todas es, por momentos, sólo el final de un anuncio que no nos acaba de convencer. ¿Realmente comprendemos los impuestos? 

¿Quién paga? Cuántas veces hemos escuchado en tertulias formales o informales frases sentenciosas como "esos que no pagan impuestos", refiriéndose a aquellas rentas bajas o colectivos exentos en la declaración de la renta por alguna medida de protección social. Cada vez que llega a mis oídos algo así vuelvo sobre la reflexión de que la ignorancia tributaria nos hace muy valientes para afirmar con rotundidad cualquier convicción sin fundamento. Y es que el impuesto menos equitativo, el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), es el más difícil de evitar en el día a día. Todas las personas consumidoras lo soportamos al comprar cualquier bien o servicio que pasa por el mercado regulado: al precio inicial se le suma un porcentaje en función de determinados aspectos, si es considerado bien de lujo, de primera necesidad, si es cultura... Por si no queda claro por qué es el más injusto, soporta el mismo impuesto quien tiene una asignación monetaria baja que quien tiene una alta, esto es, proporcionalmente paga más quien menos recursos tiene. Es por esta razón que el IVA se ha convertido en una soga que estrangula a las economías domésticas más precarias. 

¿Quién no paga? A pesar de no tenerlo interiorizado, esta pregunta se responde fácilmente. «El 72% del fraude lo provocan las grandes empresas», afirma con rotundidad el sindicato de técnicos de Hacienda, mientras los esfuerzos que se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas suponen el 80% de los trabajadores de Hacienda. Así es como se sigue apuntando a las personas que para lograr la subsistencia recurren a la economía sumergida en lugar de mirar hacia los grandes capitales, que bien en forma de fortunas o de grandes empresas son los verdaderos defraudadores. 

¿Y la desigualdad? 

Al hilo de todo esto, hace unos meses nos presentaron la enésima reforma fiscal, con grandes o pequeños cambios sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Sólo con una lectura en diagonal del documento de referencia, lo primero que nos hace tener un déjà vu son los objetivos que persigue, entre los que se repiten incansablemente el crecimiento económico y la creación de empleo; los titulares de siempre. ¿Y la desigualdad dónde queda? Sí, en tercer lugar se señala la equidad como objetivo, pero si atendemos a la letra pequeña, la progresividad no aumenta. No me salen las cuentas. Sigue habiendo una presión fiscal similar con la reforma, ya que no se incrementa de manera significativa lo que contribuyen los grandes tenedores de capital. 

Como no va a ser lanzar todo campanas al vuelo, desde estas líneas también la pluma se lanza hacia reflexiones sobre las propuestas, y como no podía ser menos, a grandes males, grandes remedios: 

  • Educación tributaria. Más allá de cualquier reforma es importante la necesidad de comprender los impuestos, saber cómo están diseñados, qué objetivos tienen y cómo afectan a nuestra economía. La información es poder y más aún cuando hablamos de temas que nos afectan directamente, por el contrario, la ignorancia hace que nos asimilemos a marionetas con los bolsillos rotos a la deriva. El arraigo cultural de la utilidad y la necesidad de emplear y pagar impuestos también es indispensable, aunque estos cambios son más a largo plazo. Lo esencial es asentar las bases educativas para no empezar la casa por el tejado, y con eso creo que tendríamos encajada la primera pieza del rompecabezas. 
  • Transparencia de todas las entidades que gestionen fondos públicos. Hoy en día sería tan sencillo como poder descargar de cada entidad que gestione dinero de los contribuyentes los presupuestos ejecutados, es decir, la lista detallada de en qué se quería gastar y en qué se ha invertido el dinero de manera detallada. De esta manera, la elaboración de auditorías o análisis externos e incluso elaborados por la propia sociedad serían una manera de control sobre las propias entidades. Estas, con las cuentas al desnudo, no podrían soportar el pudor de mostrar las vergüenzas vinculadas a tratos de favor y la malversación de fondos. 
  • Equidad. La idea de que pague más quien más tiene está bastante bien aceptada en la sociedad, pero mi propuesta va más allá: la progresividad debería aumentar. Es decir, proporcionalmente tienen que pagar más quienes obtengan más rentas del ahorro o del capital. Para la abajo firmante existen muchos argumentos, uno de ellos es que los recursos son limitados y si unas pocas personas o entidades los acaparan, deben de existir mecanismos correctores para que todos los servicios que hagan que una vida que merezca (la alegría) vivir lleguen a todas las personas. 
  • Bienes básicos. El IVA ahoga a quien menos tiene; para compensarlo propongo una lista ampliada de bienes básicos, que contemplen las necesidades cotidianas para la diversidad de personas que formamos la sociedad en cuestiones como son las alimenticias, higiénicas, educativas y culturales. Sí, también culturales, porque como firma un anónimo "si la cultura es cara, prueba con la ignorancia". 
  • Acabar con la impunidad de los grandes delitos fiscales. Las campañas de concienciación que vemos en los grandes medios de comunicación masiva no van dirigidos a la lucha contra el gran fraude. A mi juicio el pequeño fraude tiene más que ver con la supervivencia y menos con el enriquecimiento, por eso recalco la palabra "gran" delito fiscal, vinculado al enriquecimiento, y del que nos sobran ejemplos últimamente. No vale con los juicios mediáticos, ni con paseíllos camino al juzgado ni la foto aposentados en el banquillo. Lo que no paga quien evade se reparte entre el resto de las personas que sí tributan; por esta razón, se propone la no prescripción de este tipo de faltas a gran escala. 

Si la tributación es cosa de todas las personas que conforman una sociedad para que con esos fondos se puedan abastecer unos servicios públicos de calidad, nada como comprender el engranage de la maquinaria tributaria, al menos, en la parte que nos toca, para así respirar, entender y tener criterio sobre un tema que en la actualidad nos genera un poco (o un mucho) de angustia.


Escrito por: Saioa Bacigalupe
Publicado en: Economía Justa

Como levantarte temprano

viernes, 8 de agosto de 2014

Los contratados por autónomos crecen en 44.0000 personas el segundo trimestre


El número de contratados por autónomos no societarios ha crecido en 43.989 personas (un 5,3 %) desde el primer trimestre del año al segundo, hasta llegar a los 820.819 trabajadores. 

Los contratados por autónomos crecen en 44.0000 personas el segundo trimestre

El número de contratados por autónomos no societarios ha crecido en 43.989 personas (un 5,3 %) desde el primer trimestre del año al segundo, hasta llegar a los 820.819 trabajadores. 

Según ha señalado hoy una nota del Ministerio de Empleo, esta cifra es la más alta desde el mes de septiembre de 2008. 

En términos interanuales el número de personas empleadas por autónomos ha crecido en 21.447 personas, lo que supone un 2,6 %. 

A día de hoy, en nuestro país, hay un total de 414.267 autónomos no societarios con empleados a su cargo.  

Una cifra que, en términos trimestrales, ha crecido en 12.338 personas (2,9 %) y que supone un incremento de 3.749 autónomos empleadores con respecto al mismo trimestre del año pasado (0,9 %). 

En el mes de junio de 2014 el número de autónomos dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social para Trabajadores Autónomos RETA alcanzó los 3.115.747. 

Una cifra a la que si se suman los 820.819 trabajadores a los que emplean, da un resultado de 3.936.566 trabajadores vinculados de forma directa al empleo por cuenta propia. 

Hoy, el número de autónomos dados de alta en el RETA supera en 44.078 los que había al comienzo de la legislatura. 


Fuente: EFE Verde